EL PROCESO DE PAZ UN SUEÑO QUE SE QUIERE ALCANZAR La complejidad de los proceso de paz en nuestro país, normalmente, se centralizan en los acontecimientos coyunturales en esta perspectiva, es preciso analizar la realidad Colombiana, por lo menos desde los acontecimientos históricos, de casi 20 años de negociaciones con los grupos armados, actores que han librado una lucha irregular contra la insurgencia y han realizado un control ilegal y violento de la protesta social .Es decir que la posibilidad de realizar agendas comunes no se basa en estructuras sino en definir grandes líneas de identidad y de estrategia. La base de nuestro estado Colombiano las posiciones individualistas a los procesos diálogo y negociación y de generar las condiciones humanas, democráticas y de equidad para la paz. Esto significa que se asume un proceso de fortalecimiento, el cual requiere de articulación programática, estratégica y de acción. La capacidad de incidencia de la sociedad civil depende de su grado de maduración integral política y de elaboración de una propuesta civil y los grupos armados ilegales Las tarea política su gran pluralidad política, ideológica, cultural; es inasible, ingobernable e incentralizable. Su principal reto tiene que ver con la capacidad de articulación desde su reconocimiento como sociedad diferenciada para garantizar su reinserción a la vida civil y al sistema político colombiano y la posibilidad de cimentar la paz a largo plazo, teniendo en cuenta las exigencias, el tejido que se supone transformar la convivencia en el país. Es natural que la decisión de considerar el cese al fuego como punto de llegada y no de partida del proceso de paz genere debates alrededor de la conveniencia o inconveniencia de negociar en medio de la confrontación. Existe el temor de que un cese al fuego pactado antes de la culminación del proceso favorezca a las Farc, permitiéndoles recuperar, al menos parcialmente, su capacidad militar. O que ante las dificultades para negociarlo o verificar su cumplimiento, se convierta en un obstáculo a la buena marcha de las negociaciones. Desde otra orilla, se afirma con preocupación que la continuación de la violencia desviará la atención hacia las acciones militares y endurecerá las posiciones de las partes. Sin embargo, pese a las dificultades que previsiblemente acarreará, la decisión de negociar en estas condiciones no condena necesariamente el proceso al fracaso. El análisis de diversas experiencias no arroja conclusiones contundentes en cuanto al efecto de la violencia sobre un proceso de paz. En algunos casos, la violencia continuada llevó a la suspensión temporal de las negociaciones o retrasó la implementación de los acuerdos, y en otros (Ruanda y Angola) contribuyó al reinicio de la guerra. Sin embargo, en ocasiones la violencia ha sido más bien un “catalizador para la paz”. En El Salvador, por ejemplo, la ofensiva del FMLN a finales de 1989 convenció a las partes de la necesidad de avanzar en las negociaciones. En Sudáfrica, la masacre de 29 seguidores del Congreso Nacional Africano generó las bases para el Record of Understanding entre de Klerk y Mandela, y los desórdenes tras el asesinato del líder del Partido Comunista de Sudáfrica aceleraron los diálogos multipartidistas. Y en Irlanda del Norte, la bomba de Omagh, que afectó de manera indiscriminada a unionistas y republicanos, generó una protesta pública de tal magnitud, que poco después el IRA Real decidió declarar un cese al fuego. El efecto del proceso de paz en la violencia tampoco es fácil de evaluar. En Irlanda del Norte, la cifra de víctimas fatales por causas relacionadas con el conflicto se redujo en 83% entre 1995-1997, en comparación con el periodo 1991–1994, y en Israel-Palestina los incidentes violentos se redujeron entre 85-90% en comparación con el período anterior a octubre de 1993. En contraste, en Sudáfrica las muertes por causas políticas casi se triplicaron entre febrero de 1990 y abril de 1994, convirtiendo el período de negociaciones en el más violento del conflicto. Probablemente el proceso de paz en Colombia se verá obstaculizado por múltiples factores no relacionados con la confrontación militar. Pero seguramente el ritmo y la intensidad de las acciones violentas tendrán un efecto en la mesa de negociación, y lo que ocurra en ella puede también afectar la dinámica de la violencia. En un conflicto con una pluralidad de actores violentos, no todos los cuales son parte del proceso de paz, será de la mayor importancia identificar claramente la fuente de las acciones violentas. Y entender si las que provienen de las partes del proceso pretenden desestabilizarlo o descarrilarlo o si solo tienen un objetivo táctico: demostrar un poder que permita maximizar beneficios, inducir una crisis para estimular el avance de las negociaciones, o aplacar a los “puristas militares” de su propio bando. Pero ante los claros riesgos de negociar en medio de la violencia, antes que pedirle a alguna de las partes la declaración unilateral del cese al fuego, sería aconsejable que ambas regularan y moderaran las acciones militares, en una suerte de pacto implícito no formalizado. Quizás nada contribuiría más a fortalecer la confianza entre las partes y en el proceso mismo. En Colombia existe un Estado débil que realiza esfuerzos por adaptarse en un contexto internacional de cambios y fuertes presiones y que debe a su vez responder a una situación interna de ingobernabilidad y de destrucción social generada por el conflicto social y político y por la confrontación armada. La degradación del conflicto deja al descubierto una democracia débil, caracterizada por: una mentalidad colectiva en la cual el bien privado está por encima del bien público, una clase dirigente que sistemáticamente ha postergado el abordaje de estructuras de injusticia, una sociedad mayoritaria cuyos comportamientos y conductas cotidianas alimentan estructuras de exclusión. La plataforma ideológica colombiana emerge inicialmente como reacción, de algunos sectores y grupos, a los procesos de destrucción social. Poco a poco, las expresiones sociales y ciudadanas que se manifiestan entorno a la paz y el conflicto han ido configurando la idea de que como sociedad organizada (Civil) es posible incidir decisivamente en el proceso de paz. Se consolida la idea de que la sociedad civil debe jugar un papel relevante en el proceso de paz en Colombia ; por una parte, presionando el fin de la confrontación militar y el cese de las violencias, y por otra, aportando a la construcción de una paz estable y duradera dentro de un proceso de democratización de la sociedad. Desde esta perspectiva se atribuye un amplio papel a la sociedad civil : Desde 1982, la paz es un tema recurrente en la discusión política colombiana. Los últimos 5 presidentes han desarrollado iniciativas de paz, circunscritas en la búsqueda de soluciones políticas al conflicto armado por la vía de negociación. Sin embargo, la persistencia y agudización del conflicto armado, el surgimiento y consolidación de nuevos actores como los paramilitares, los narcotraficantes y la delincuencia común, indican la necesidad de ampliar la cobertura de las propuestas de paz, involucrando las violencias de carácter estructural de la sociedad colombiana tales como el desempleo, la inversión de temas agrarios, la reforma agraria etc. Estas circunstancias redefinen el papel del estado frente a la propuestas de paz, y posibilitan una mayor participación de la sociedad civil. La sociedad civil es un elemento clave en el desarrollo de los diálogos de paz; por lo tanto, su presencia debe ser activa y constante. Como en todas la guerras, el control de territorios por los grupos armados se ha realizado a costa de la población civil. La expansión de foco guerrilleros se ha basado en el cumplimiento de funciones de actualidad local y control armado de la población, que las organizaciones insurgentes justifican por sus necesidades de defensa. Al campesino se le exige lealtad y colaboración, y se penaliza la sospecha de favorecer al enemigo. Los campesino que habitan áreas de circulación querrillera reciben un trato semejante de la fuerza publica, porque sus mandos sospechan de su colaboración con las guerrillas La concepción del enemigo militar aun grupo indefinido de auxialidores , colaboradores o guerrilleros de civil, incluye potencialmente a todos los habitantes como objetivo de la guerra. Las campañas militares de la autodefensas han escogido como táctica la realización de masacres ejemplarizantes, en muchos casos campesinos, a quienes se acusan de colaboradores de la guerrilla. El éxodo inicial y el retorno parcial de los pobladores permite capitalizar el terror para imponer nuevas condiciones de subordinación sobre aquellas que deciden permanecer. Un análisis hace pensar que las negociaciones con la insurgencia puedan tener alternativa , si se ponen en practica algunas lecciones que nos dejan los procesos anteriores en el caso colombiano. Una de ellas es tener en cuenta que la paz es un asunto político, que no se puede reducir a lo militar. Por lo político se entiende la capacidad de una sociedad para lograr consensos que permitan llegar a metas comunes, socialmente benéficas que se expresan en un modelo de sociedad y reponden positivamente a los principales problemas que afectan a un país. Por lo tanto, no basta una paz elitista, negociada entre el gobierno y la guerrilla pero que es incapaz de integrar en el proceso a todo movimiento social que apunta a construir una sociedad sin exclusiones. Solo se podrá avanzar en la construcción de la paz en este país si se cuanta con un amplio respaldo popular que avale la reformas necesaria. Muchos han sido los mandatarios que han querido adelantar procesos de paz que cada vez más se ve como algo imposible frente a la problemática social que se vive a diario en el país la ola de masacre, el desplazamiento masivo, el dominio de gran parte del territorio por parte de las fuerzas armadas El gobierno ha tratado con sus políticas de paz mejorar la situación desde que empezaron los diálogos con los grupos al margen de la ley, pero sólo se han quedado en acuerdos y las posibilidades de mejorar la situación en el país han sido insuficientes l para el desarrollo de los diálogos que se acordada entre las partes interesadas. La transitoriedad pues lo que se buscaba era tomar las medidas necesarias para la protección de toda la sociedad que estaba siendo afectada; sin embargo, los acuerdos se dieron pues se presentó la desmovilización que están siendo beneficiadas y lo que ha buscado es que se entreguen las armas y el conflicto Durante mucho tiempo Colombia ha vivido , la guerras y la violencia parecen cada día más ser la esencia de nuestra historia reciente. Esta percepción surge ante todo de 50 años de presencia guerrillera y del aumento en la intensidad del conflicto armado y de todas las formas de violencia que el país ha experimentado desde 1985, cuando se hizo visible la incapacidad estatal frente a la guerrilla, el narcotráfico o la delincuencia común. Pero muchos años de guerra han estado acompañados de negociaciones, acuerdos, amnistías, indultos y otros procesos de paz, desde 1901 hasta los esfuerzos de solución negociada que, pese a intermitentes rupturas, se han desarrollado sin cesar desde 1981 hasta hoy. Desde 1954 o 1958, cuando se amnistió o indultó a guerrilleros y defensores del gobierno, la paz negociada siempre ha sido evocada como la única buena salida al conflicto. Sin embargo, son profundas las discrepancias en estas negociaciones y en las percepciones de lo que puede o no negociarse con los rebeldes. Mientras en los cincuenta se buscaba suspender los efectos de los códigos penales sobre delincuentes políticos y encontrar mecanismos de reinserción para los amnistiados, durante los gobiernos de Betancur y Barco las negociaciones comenzaron a incluir dos nuevos elementos: la definición de condiciones favorables que permitieran a la guerrilla, al reinsertarse, buscar el apoyo político de la población, y la discusión de reformas institucionales que democratizaran la política. La paz firmada en 1989 con el M- 19 por Barco, un reformista convencido, llevó a la constitución de 1991, que aunó cierto radicalismo en derechos humanos, participación y descentralización, con la esperanza de debilitar el viejo bipartidismo mediante cambios legales, como la circunscripción única, la ley de partidos, el tarjetón y nuevas formas de financiación de la política. Desde 1991, las negociaciones fueron más difíciles: hecha la reforma política, no podía ofrecerse mucho a las FARC o el ELN, al menos mientras subsistieran las ilusiones de reforma. Aquellas no duraron mucho: las elecciones de 1991, que prácticamente liquidaron al M-19, mostraron que los viejos políticos lograban la adhesión de los ciudadanos, con ayuda de viejos vicios, mejor que quienes pretendían ser sus verdaderos intérpretes. Muchos de los reinsertados terminaron en el anonimato, el exilio o la tumba, víctimas de venganzas y persecuciones. Y el proyecto social incorporado a los artículos sobre derechos económicos y sociales, se deshizo en medio de la reorganización de un estado que trataba de superar su incapacidad mediante una reingeniería que, con excepción de valientes y ambiguos esfuerzos en seguridad social, eliminaba, como rezagos populistas o socialdemocratas, al lado de formas de acción ineficiente en la economía, lo que había dado algún carácter social a nuestro estado de derecho. La debilidad negociadora del gobierno, agudizada dramáticamente por la falta de credibilidad del gobierno de Samper, fue un factor esencial en un cambio sutil de las negociaciones. Otro fue el fortalecimiento de la capacidad de las guerrillas, que llenaron rápidamente los vacíos dejados por los grupos que habían firmado la paz, reforzaron su estrategia de control local y fortalecieron su capacidad económica. Y otro pudo ser cierto talante del gobierno, más dispuesto que los anteriores a reconocer legitimidad al proyecto guerrillero. Este cambio consistió, en esencia, en el abandono de dos principios que guiaron la negociación gubernamental hasta el gobierno de Gaviria. Uno era la idea de que la meta del proceso de negociación era la reincorporación de la guerrilla a un sistema político que, pese a sus limitaciones y defectos, se consideraba legítimo y democrático, y no la determinación, entre negociadores de dos partes en conflicto, de un nuevo modelo social. El otro, en apariencia procedimental -la voluntad de no suspender la negociación en ningún caso, de negociar en medio de la guerra-, introducía una diferencia substancial: permitía a la guerrilla mantener una estrategia simultánea de guerra y negociaciones, sin altos costos políticos, mientras que obligaba al gobierno a medir con cuidado las acciones que pudieran interpretarse como obstáculos a la paz, deseada en forma desesperada por toda la población, y deslegitimaba la definición de los guerrilleros como delincuentes políticos. Este cambio, consolidado bajo el gobierno de Samper, se aceleró con los gestos electorales y las ilusiones del gobierno actual, que, empeñado en producir resultados rápidos, se lanzó a acciones que han roto con la vieja tradición de las negociaciones, como la amplia y cuasi-permanente "zona de distensión", o que han acelerado procesos ya iniciados desde Gaviria, como la participación de grupos de organizaciones y personas que se definen como representantes de la sociedad, y que pretenden mayor legitimidad que el Estado mismo o los guerrilleros, agrupados bajo el concepto algo negativo de "actores armados". En estas condiciones los impases a que se ha llegado en las negociaciones no son extraños. Poco a poco se han convertido, de medio para terminar con menores costos una guerra a la que no se ven otras salidas razonables, en estrategia para lograr resultados que la simple acción militar no garantiza: son la continuación de la guerra bajo otras formas, y los contendientes destinan más esfuerzos a ganar batallas legales o periodísticas que a los enfrentamientos armados. Las maniobras sobre el canje de prisioneros y la eventual incorporación de guerrilleros a las fuerzas armadas son un ejemplo, pero quizás el más revelador tenga que ver con el status político de la guerrilla y la búsqueda de un reconocimiento de beligerancia. Que la guerrilla mantenga un prolongado sitio legalista a esta fortaleza no es raro: las grandes batallas colombianas siempre se han tratado de ganar mediante legalismos. Ya en 1953 uno de los gestos insurgentes fue redactar un código guerrillero, que como cualquier constitución burguesa, tenía 233 artículos. Pero lo que está detrás de esta obsesión, aparentemente inocua para una guerrilla que recibe hace 20 años todos los actos de reconocimiento del Estado -negociaciones, treguas, amnistías, suspensión de efectos de la ley penal, zonas de distensión- es, más que el reconocimiento de beligerancia por un tercer estado, la novedosa pretensión de que sea el propio gobierno el que la reconozca. Y esto resulta importante, porque es el cierre de bóveda del proceso: con ello, la gradual aceptación de la legitimidad de la guerrilla, la idea, expresada por sus comandantes y voceros, de que no están sujetos a la legalidad colombiana y no tienen por que aceptarla, el tratamiento de prisioneros como detenidos de guerra (en vez de secuestrados y delincuentes políticos procesados), el reconocimiento de la legalidad del poder de hecho que ejercen en muchos sitios del país, se vuelven un simple corolario jurídico del reconocimiento. Y refuerza la idea de que la guerrilla es la vocera de los excluidos, de los que han sufrido persecuciones o injusticias, la verdadera y única oposición a un sistema cuya legitimidad está en cuestión, y la representante de las fuerzas reales de la sociedad colombiana Y finalmente da bases a la afirmación de la guerrilla de que el proceso de paz no puede conducir al desarme: las sociedad que se construya a partir de los acuerdos estará tutelada por las armas de la guerrilla, que garantizarán, juntamente con las fuerzas del otro estado, o integradas en ellas, que lo pactado se cumpla. El legalismo de la guerrilla lo comparte sin duda el país, que espera que de este proceso surja nuevamente una norma legal o una constitución que resuelva sus problemas, así como espera que el teatro de la paz -cuyas virtudes pedagógicas hacia el futuro y cuya capacidad para lograr al menos la regulación humanitaria del conflicto pueden ser substanciales- lleve a los "actores armados" a cambiar sus estrategias de fondo. En un escenario de marchas, declaraciones, encuentros, poemas y campañas de publicidad, las negociaciones se convierten en un ritual sagrado, tanto como la misa, o más, pues una delegación de paz nunca se secuestra. Y sin embargo, es evidente que que Colombia, en vez de avanzar hacia la paz, parece crear una curiosa forma de coexistencia permanente de la guerra y la negociación, la negociación en medio de la guerra, la guerra en medio de las negociaciones. La esperanza se trata de mantener, pero la incertidumbre y la desesperanza crecen, y la mayoría de la población, después de declarar su voluntad de paz, muestra en las encuestas su simpatía con los paramilitares, y exige a veces, cuando desespera de la guerra, que se pacte con la guerrilla a cualquier costo, y cuando desespera de las negociaciones, que el gobierno muestre su fortaleza, que defienda a a los ciudadanos acosados. ¿Puede recuperarse el camino? No es fácil volver a las negociaciones condicionadas de Barco y Gaviria, ni llegar a la necesaria regulación de la guerra, para que la población civil deje de ser el objetivo principal guerrillero o paramilitar. Pero lo sorprendente es la sensación de que no existen perspectivas de largo plazo por parte del gobierno y de la autodenominada sociedad civil, y que mientras la guerrilla tiene un guión razonablemente elaborado, los demás responden en forma improvisada, ansiosos de una paz rápida, y bajo el acecho de los medios de comunicación. Un guión alternativo es probablemente utopía, pero es difícil pensar que el proceso actual lleve a alguna parte, excepto como resultado de un milagro de personalidades en el que no es razonable confiar. Lo que falta, sin embargo, es claro. Un proyecto coherente de reforma política, independiente de las vicisitudes de las negociaciones, que permita retomar el programa de 1991 de ampliación de la participación y la ciudadanía. Un esfuerzo de reforma social, que solucione problemas como el de la propiedad agraria, la expansión infernal de una frontera agrícola que sigue creando nuevas formas de violencia, el inequitativo acceso a salud y educación, la miseria y la mala distribución del poder y los ingresos. Estos procesos son largos, y no puede caerse en la trampa de aplazarlos porque dependan presuntamente de lograr la paz, o porque no se ha probado "científicamente" que la violencia tiene que ver con el desempleo o la desigualdad social, o porque quizás haya que negociarlos. Ni dejar que se mantengan como supuesta fuente de legitimidad de la guerrilla: no habrá paz, ha anunciado esta, hasta que se resuelvan -a pesar de que sea la guerrilla la mayor responsable de que el país se haya enredado en esta espiral de endurecimiento político y social y violencia que se pretende resolver precisamente con las armas, la responsable principal de que no haya habido alternativas viables de cambio social. Y hace falta un discurso político que sostenga la legitimidad del Estado y la primacía de la democracia, por imperfecta que sea, sobre la fuerza de las armas. No puede admitirse que unas personas, por estar armadas, tengan más poder que los demás ciudadanos, que solo pueden expresarse a través del desacreditado voto, el único mecanismo democrático práctico inventado en 2500 años de ensayos, ni que sustituyamos la voluntad de los ciudadanos por la de la "sociedad civil" autoelegida, por comisiones ad-hoc, o por representantes de quienes, con dineros provenientes del secuestro, la extorsión y -quizás menos de lo que sugieren las autoridades, empeñadas en atraer el mortal abrazo del oso norteamericano- el narcotráfico, tienen con que comprar armas. Por supuesto, hay que lograr la paz, y la negociación con la guerrilla será un elemento central de esto. Pero no se llegará a la paz en un proceso que desvalorice la democracia. Con la guerrilla se debe negociar porque tiene poder, no porque tenga legitimidad. Este puede ser un matiz leguleyo, pero solo entre nosotros la diferencia entre un poder basado en la ciudadanía y un poder basado en las armas parece asunto marginal y leguleyo. La PAZ es un anhelo de todas las sociedades y países que han estado sometidas a conflictos armados. El desangre fraticida hay que deterno a como de lugar y los esfuerzos que se hagan por conseguirlo siempre serán bienvenidos. Colombia no está exenta de la triste realidad del conflicto interno y durante muchos años ha hecho propuestas para apaciguar el país y lograr metas de desarrollo y prosperidad tan necesarias. El actual proceso de paz del Gobierno con grupos insurgentes resulta de la necesidad urgente de detener el desplazamiento interno, la destrucción de infraestructura, los asesinatos y el secuestro, el dolor y la humillación. Muchos gobiernos anteriores ensayaron fórmulas, algunas resultaron con grupos como el EPL y el M19 a través del indulto, otras han fallado por la falta de claridad y sinceriedad de las partes, pero más que todo por falta de decisión y compromiso con deseos de paz. En la actualidad está mas cercano un arreglo con el ELN que con las FARC, porque éstas no quieren ceder y siguen secuestrando, cometiendo actos de terrorismo y permanecen con la arrogancia propia de los deshumanizados amos de la guerra y el terror. La primera fase en un proceso de paz es la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Inmediatamente se debe continuar con el tan cacareado "acuerdo humanitario" (liberación por parte del Estado de guerrillero presos - el Gobierno ya lo hizo - y éstos a su vez liberación de secuestrados sin excepciones - aún no lo han hecho) si se logra este cometido, sobrevendría un período de statu quo que suavizarían las tensiones internas permitiendo ir más lejos en la búsqueda de la paz. Específicamente un proceso de paz con grupos insurgentes y paramilitares apunta a lo siguiente: * Desmovilización de tropas y entrega de armas. * Entrega de bienes al Estado. * Devolución de propiedades a sus legítimos dueños. * Judialización, Denuncia y Esclarecimiento de asesinatos. * Reinserción a la vida civil. * Juramento de no reincidir en conductas punibles. * Respeto por los acuerdos logrados. Los beneficios que se desprenden de los acuerdos abre la posibilidad de avanzar con políticas sociales amplias en forma incluyente y solidaria. Generando la reactivación de nuestra economía e insertando a Colombia como una gran nación de grandes posibilidades.

Los proceso de paz son diálogos entre el gobierno y las fuerzas armadas de colombia el objetivo se centra en encontrar en una salida política que se vive en nuestro país que en generado diferentes reacciones ha estos procesos dando un mirada atrás las fallidas negociaciones entre las antiguas negociaciones se encuentran desde d el gobierno de Belisario Betancur en donde se busco en primera intancia al menos en una ocasión negociar en su momento, con las guerrillas el fin del conflicto armado en esta oportunidad se hace entrega de armas llegando ha un buen termino y otros no asimismo unos fueron públicos mientras que otros clandestinos, no obstante todas las ocasiones del gobierno de la Política de Seguridad Democrática fueron clandestinas y negadas en su momento y aún por Uribe. Durante la década de 1980, el país se vio seriamente afectado por el aumento progresivo del accionar de las guerrillas. Ante esta situación, el Estado colombiano intentó establecer un proceso de paz.

Presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) Bajo el gobierno de Betancur, se procesaron alianzas tanto con las FARC-EP como con los extintos M-19 y EPL. Con las FARC-EP se concertó la creación de la también extinta- Unión Patriótica grupo el cual sería su brazo político-. Con el M-19 y el EPL donde se estipularon los acuerdos de Corinto, los cuales constituían de un cese bilateral al fuego y la búsqueda de una solución política para el fin del conflicto. Con intenciones de poner fin al enfrentamiento armado colombiano, Betancur inició diálogos para consolidar un proceso de paz con grupos insurgentes como las Farc, el M-19 y la Autodefensa Obrera Ado. Inicialmente, el gobierno de Betancur alcanzo un cese al fuego, en 1984, y la desmovilización de algunos miembros de las Farc, quienes conformaron, junto con miembros pertenecientes al partido comunista, una nueva colectividad política: la Unión Patriótica UP. El asesinato de Iván Marino Ospina, miembro de la cúpula militar del M-19, terminó con las negociaciones de paz. La respuesta del movimiento guerrillero fue inmediata: enfrentamientos armados con el Ejército Nacional y repetidos ataques a estamentos públicos y privados, fueron la constante en aquellos días. Entre estas acciones, se cuentan los sucesos ocurridos el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, ubicado en pleno centro de Bogotá.

Presidencia de Virgilio Barco (1986-1990) Pese a que la violencia se había intensificado en los años que precedieron la administración Barco, las intenciones de llegar a un acuerdo pacificador con las guerrillas no finalizaron. Inicialmente, el gobierno, a través de la Consejería para la Paz, se acercó a conciliar con las organizaciones guerrilleras, reunidas en aquel momento en la denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.El M-19, fatigado por la lucha y debilitado militarmente, se acogió a las políticas pacifistas del gobierno. Entre enero de 1989 y marzo de 1990, luego de varias conversaciones, el gobierno de Barco logró la desmovilización y disolución de esta organización armada.después del armisticio, los miembros del M-19, bajo nuevas condiciones, participaron en las elecciones de alcaldes y Cámara de 1990, en las cuales obtuvieron más de 95.000 votos, tres alcaldías y un escaño en la Cámara. Los resultados, evidenciaron la acogida que el extinto M-19 despertaba en algunos sectores de la población. Precisamente, esta acogida contribuyó, más tarde, para que algunos movimientos de izquierda se agruparan junto al M-19, y conformaran un nuevo partido: la Alianza Democrática M-19. Siendo Barco presidente de ese país, se logró el inicio del proceso de des-movilización del M-19 y el EPL, de conformidad a la concesión de un indulto y vida política a los miembros de esas guerrillas.

Durante la presidencia de Gaviria, se culminó la des-movilización total de los M-19 y del EPL y la concesión de indultos y vida política a estos, mediante los Diálogos de paz de Tlaxcala, asimismo de una fracción de laUnión Camilista - Ejército de Liberación Nacional.

Presidencia de Ernesto Samper (1994-1998) A inicios del gobierno de Samper se generó la noticia de un posible proceso de paz con las guerrillas vigentes, no obstante con el estallido del Proceso 8.000 la atención se distraje y la iniciativa se 'ahogó'.

Presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002): La ocasión del gobierno Pastrana es quizás la más relevante y escandalosa de todas las oportunidades de diálogo. Pues para el desarrollo del proceso de paz Pastrana dispuso de la des-militarización de San Vicente del Caguán, una zona de distinción fue conformada por cuatro municipios de Meta y unos de Caquetá y se la conoció como el Caguán.En sus 42 mil kilómetros cuadrados se albergo la esperanza de la paz durante tres años y tres meses en noviembre 1998-febrero 2002, sin embargo los costantes incumplimientos de la guerrilla atraves de acciones armadas llevaron a su fracaso Lo que para ello para que la contra-parte allí se establecería y que de conformidad a ello los diálogos fueran más específicos. Sucedieron muchas cosas las cuales llevaron a la anulación de todo el proceso.

Presidencia de Uribe (2002-2006 y 2006-2010) Durante los años de la Política de Seguridad Democrática, el gobierno sus intención de acabar con el conflicto armado mediante un combate frontal de la Fuerza Pública con las guerrillas. No obstante en el transcurso de dichos periodos presidenciales surgieron rumores de que Uribe habría buscado negociar con las guerrilla una salida pacífica al conflicto; suposiciones que en su momento y aún ahora Uribe desmiente. Siendo los años de la Política de Seguridad Democrática, el entonces comisionado de Paz Frank Pearl en representación del gobierno Álvaro Uribe buscó negociar clandestinamente con las FARC-EP, no obstante a causa de la entrega del cadáver de Julián Ernesto Guevara Quien murió estando secuestrado por este grupo, los acercamientos de ese gobierno con la insurgencia quedaron estancados hasta la sucesión de Uribe por parte de Santos. Tiempo después, siendo presidente electo- Juan Manuel Santos recibió un reporte del entonces comisionado de paz Frank Pearl, en la cual le enteraba sobre el estado de los estancados acercamientos. Durante el año 2011, Santos mediante indirectas- manifestó a las FARC-EP su intención de reanudar los diálogos, una de las señales de Santos a las FARC-EP fue el impulso de la Ley de víctimas y restitución de tierras. Antes las indirectas, las FARC-EP -en especial el Comandante del Bloque Occidental y miembro del Secretariado del EMC Pablo Catatumbo- retomaron los diálogos mediante el envío de cartas secretas; De igual forma, Santos respondió. El envío de cartas secretas derivó en el establecimiento de reuniones presenciales en Cuba; los delegados del gobierno colombiano para los encuentros en Cuba fue el consejero presidencial para la Reintegración Alejandro Éder y Jaime Avendaño (funcionario presidencial desde el gobierno de Belisario Betancur), en tanto de la delegación de las FARC-EP fue conformada por Rodrigo Granda (guerrillero liberado por la Política de Seguridad Democrática) y Andrés París (uno de los ideólogos de esa organización; quien también estuvo en las negociaciones del Caguán). Dichos contactos presenciales tuvieron como fin el establecimiento de los diálogos, de una agenda y -en consecuencia- la elección del próximo lugar de encuentro. Una vez establecidos los parámetros en los cuales se llevarían a cabo los próximos encuentros, Santos incluyó en su delegación a su ministro de ambiente Frank Pearl, su asesor de seguridad nacional Sergio Jaramillo, el ex-vicepresidente Humberto de la Calle y por último -quizás la designación más relevante- al ex-director del periódico El Tiempo y hermano suyo Enrique; dicha inclusión -según la revista Semana- comisionó un gran impacto en las FARC-EP en cuanto a su credibilidad respecto a la voluntad de Santos. En respuesta, las FARC-EP delegaron a Mauricio Jaramillo 'El Médico' (comandante del bloque José María Córdoba y miembro del Secretariado del EMC de esa organización; y reemplazo del abatido Jorge Briceño). A uno de sus ideólogos Andrés París, a Rodrigo Granda (denominado el 'canciller' de esa guerrilla) y a Marcos Calarcá (conocido por su experiencia en tema de negociaciones diplomáticas). Ya designadas sus respectivas delegaciones, -como paso a seguir- el gobierno y las FARC-EP pasaron a elegir a Cuba y a Noruega como garantes; la primera nación por ser sede de los primeros encuentros yNoruega por ser un país con tradición en temas de negociaciones diplomáticas y por tener diplomáticos con amplio conocimiento sobre el conflicto armado en Colombia. Más adelante, las partes analizaron la necesidad de nombrar a más garantes; y -en efecto- la guerrilla nombró a Venezuela como otro garante, mientras que el gobierno de Santos]] escogió al gobierno chileno. Establecidos los países garantes, en febrero de 2012 las partes y los países garantes procedieron a reunirse en una instalación gubernamental cubana ubicada en La Habana. En la locación gubernamental, las partes se domiciliaron en secciones diferentes y se solo encontraban en un lugar designado. De conformidad a conversar la confidencialidad del proceso, las delegaciones no departieron entre sí (cuando no era necesario) ni con civiles. Desde ese mes hasta agosto de 2012, ocurrieron aproximadamente diez rondas preparatorias; cada una de estas constaba de cuatro a ocho días seguidos. El total de los encuentro oscilan entre 65. Durante ese tiempo, la delegación del gobierno colombiano -con excepción Pearl- mantenía en constante viaje de Colombia a Cuba y viceversa. Mientras que el ministro de ambiente estuvo en Cuba todo el tiempo. El 19 de agosto de 2012 estando en Cartagena Uribe -entrevistado por un medio de comunicación- manifestó que el gobierno de Santos estaba negociando clandestinamente con las FARC-EP en Cuba. Declaraciones que el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón rechazó y agregó <> para entablar diálogos con la guerrilla. No obstante, con el transcurrir de los días los rumores se acrecentaron y -el 27 de agosto- en una de sus emisiones, la cadena TeleSUR amplió la información al respecto. Horas más tarde, el primer comandante de la Unión Camilista - Ejército de Liberación Nacional alias 'Gabino' manifestó la intención de esa organización de participar en las -para entonces- rumoreadas negociaciones. Finalmente a las 19:00 -5 (del mismo día) en una alocución breve pero contundente, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos confirmó la existencia de la mesa de diálogos en Cuba. El Presidente se refirió a las conversaciones con la guerrilla que comenzarán el 15 de noviembre.

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió este sábado a los diálogos de paz con las Farc que comenzarán el 15 de noviembre en La Habana y manifestó que espera que esa guerrilla se ciña a la agenda pactada. "Iniciaremos en unos días las conversaciones con las Farc en Cuba, donde espero que si cumplen lo que han prometido, de ceñirse a la agenda que se convino y se firmó, podremos -ojalá- por fin después de 50 años, decirles a los colombianos: hay paz en el país", dijo Santos. Este pronunciamiento se produjo pocas horas después de que se conociera un comunicado firmado por los delegados de las Farc en La Habana donde manifiestan que si bien "no hay agendas paralelas ni ocultas", el preámbulo del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto -que habla de temas como desarrollo económico con justicia social y ampliar la democracia- es "vinculante" y en él está "el espíritu y el sentido" de los diálogos que comenzarán. Este comunicado causó diversas reacciones. "Es el momento de la serenidad. Uno de los logros importantes en este proceso es que se delimitó la agenda y esto se debe preservar", aseguró el expresidente Ernesto Samper. El senador Juan Carlos Vélez, de línea uribista, advirtió que la guerrilla no quiere cambiar la agenda que impulsó en el Caguán y solo busca engañar al país. Miguel Gómez, representante de 'la U', aseguró que "esto afecta el proceso porque lo que fue firmado ya no es. Y si antes de comenzar el diálogo ya se está cambiando la agenda, pues la negociación está comenzando mal". Aunque las Farc piden en su comunicado "no descontextualizar" sus posiciones, un punto de su pronunciamiento que llamó la atención es que califican de "intrascendental" un "asunto como es el de víctimas". Las Farc también pidieron que "la gran prensa haga un esfuerzo" por "procurar colocar equilibrio y veracidad" en lo que se informe sobre el diálogo, y criticaron que su rueda de prensa en Noruega no fuera transmitida por varios medios. Ignacio Gómez, presidente de la Flip, dijo que "la prensa no tiene por qué cubrir el proceso de paz, ni bajo las instrucciones del Gobierno ni bajo las de la guerrilla", y recordó que "un proceso de paz construido con verdades ocultas solo puede traer problemas hacia el futuro". Piden a la guerrilla una tregua unilateral Para demostrar que tienen una verdadera voluntad de paz, el nuevo cardenal del país, monseñor Rubén Darío Salazar, les pidió ayer a las Farc que decreten una tregua unilateral. "Con ese gesto, darían una clara indicación de que buscan sinceramente la paz y de que están dispuestas a cesar en su accionar violento", dijo. La Iglesia aún no ha sido llamada a participar en la mesa, pero está dispuesta a hacerlo